os efectivos permanecen en prisión preventiva por 30 días y un cuarto policía será imputado la próxima semana. La causa investiga el presunto cobro de dinero para confeccionar formularios destinados a transferencias de automotores.
Tres funcionarios policiales que se desempeñaban en la Planta de Verificación de Automotores de Esperanza fueron imputados en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con la confección de formularios para transferencias de vehículos. Los tres permanecen en prisión preventiva por un plazo de 30 días.
Además, la Justicia tiene previsto realizar la próxima semana la audiencia imputativa de un cuarto efectivo policial relacionado con la causa.
Según explicó el doctor Hernández luego de la audiencia, a los efectivos investigados se les atribuye el delito de cohecho pasivo. De acuerdo con la hipótesis de la investigación, habrían recibido dinero a cambio de confeccionar formularios 12, documentación necesaria para realizar transferencias de automotores.
Un acuerdo con una gestora
La investigación señala que los policías habrían mantenido un acuerdo, al menos, con una gestora de una localidad cercana. La mujer les llevaba formularios semanalmente para que fueran confeccionados o firmados.
En algunos casos, la documentación ya se encontraba completa. En otros, los efectivos presuntamente firmaban los formularios en blanco para que posteriormente fueran completados por la gestora.
Por cada operación se habría establecido una tarifa. Inicialmente, el monto era de 25.000 pesos por formulario, luego aumentó a 30.000 pesos y finalmente llegó a 50.000 pesos en el caso de los automóviles y a 30.000 pesos para las motocicletas.
La cantidad de vehículos sería considerablemente mayor
En una primera etapa de la investigación se había mencionado la existencia de 64 vehículos presuntamente verificados de manera irregular. Sin embargo, Hernández aclaró que esa cantidad correspondería solamente a la actuación de uno de los funcionarios durante agosto de 2026.
La maniobra investigada se habría desarrollado, de manera ininterrumpida y con la intervención sucesiva de distintos efectivos policiales, al menos desde enero de 2024. Los investigadores no descartan que las irregularidades hayan comenzado anteriormente, aunque señalaron que resulta más difícil reunir evidencia a medida que se retrocede en el tiempo.
Ante la consulta sobre si podrían haberse realizado alrededor de 60 operaciones mensuales, Hernández indicó que en algunos meses la cantidad habría sido incluso mayor.
La gestora también fue imputada
La mujer que habría entregado el dinero también se encuentra imputada. Mientras que a los funcionarios policiales se les atribuye el delito de cohecho pasivo, por presuntamente recibir dinero a cambio de realizar u omitir actos propios de sus funciones, a la gestora se le atribuyó cohecho activo.
Esta figura penal corresponde a la persona particular que ofrece dinero para que un funcionario público realice o deje de realizar una acción vinculada con su cargo.
Los delitos investigados contemplan penas de entre uno y seis años de prisión. En el caso del cohecho pasivo, también podría corresponder la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas.
La causa continúa bajo investigación y las personas imputadas conservan su estado de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.
Fuente: e3080.com.ar